TEPJF SOLICITARÁ QUE SE REABRA EL CASO DE SAMUEL GARCÍA Y MARIANA

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la multa que impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) a Movimiento Ciudadano (MC) por 28 millones de pesos al confirmar que se triangularon recursos por parte de familiares de Samuel García Sepúlveda durante su campaña para la gubernatura de Nuevo León.

La indagatoria de la Unidad de Fiscalización del INE, ratificó que los familiares del entonces candidato emecista habrían otorgado recursos por 14.2 millones de pesos de entes que tienen “prohibido hacer aportaciones a campañas electorales”.

El magistrado José Luis Vargas Valdez planteaba el dejar sin responsabilidades a Samuel García por dicho caso, sin embargo, la magistrada Janine Otálora Malassis propuso determinar que el INE establezca las responsabilidades que se le deberán fincar al gobernador electo por dichas aportaciones; a este proyecto se le sumaron Indalfer Infante, Felipe Fuentes, Felipe de la Mata Pizaña y el presidente del TEPJF Reyes Rodríguez Mondragón.

Otálora Malassis argumentó en su proyecto que “Por una parte tuvo por acreditado un acto de simulación que atribuyó en un inicio, tanto al partido como a su entonces candidato, pero al momento de analizar la capacidad económica y los elementos pata individualización, al responsable se limitó al partido sin que se advierta pronunciamiento con razones y motivos que la llevaron a concluir que pese a que el entonces candidato también fue considerado infractor de las obligaciones en materia de fiscalización no resultaba procedente sancionarlo. Debe revocarse esta parte para que se resuelva sobre la presunta responsabilidad por parte del entonces candidato”.

De igual forma, la magistrada Otálorapropuso “Ordenarle que, como órgano especializado a la brevedad, en ejercicio de sus facultades reglamentarias, emita lineamientos que regulen reglas claras para que los partidos políticos las implementen en sus operaciones”, además, se solicitará a la autoridad electoral, publique las medidas, acciones y obligaciones que tienen los partidos políticos para conocer el origen de los recursos que reciben a través de aportaciones de militantes y simpatizantes.

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