MORENA SIGUE SIENDO MAYORÍA. APRUEBA LEY QUE PONE A TEMBLAR A TODOS LOS CORRUPTOS

Los nuevos diputados federales de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y sus aliados aprobaron una iniciativa que expide una nueva Ley Federal de Juicio Político y DE Declaración de Procedencia.

Lo más relevante de esta nueva ley, además de contener nuevos lineamientos para su procesamiento, entre otras cosas obliga a los Congresos locales a acatar las decisiones de desafueros del Congreso federal; para con ello evitar que se repitan casos como el del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien está acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Pese a los votos en contra emitidos por la oposición conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y el de la Revolución Democrática (PRD), el pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta nueva Ley Reglamentaria de los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución, con ello eliminaron la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al describirla como “obsoleta y porque genera ambigüedades, conflictos normativos y otros problemas de aplicación”.

Al ser aprobada sin dictamen, con la dispensa de todos los trámites y con “urgencia y obvia resolución”, dado que en San Lázaro aún no hay comisiones conformadas diversos legisladores del bloque opositor acusaron de que la nueva ley sea un instrumento aprobado “por consigna”, “para la persecución política”, con “venganza y revanchismo” y “solo para perseguir a los adversarios políticos”.

Los legisladores morenistas y sus aliados respondieron que “el león cree que todos son de su condición, (…) eso harían ustedes con esta ley, nosotros no, (…) no tengan miedo combatir la corrupción, (…) el que nada debe nada teme”.

En lo que se manifestó como “su primera medición de fuerzas en la nueva Cámara Baja”, los morenistas aprobaron la propuesta de nueva en lo general, con 273 votos a favor y 220 en contra, y en lo particular, pese a los artículos más cuestionados, después de debatir 61 reservas a 38 artículos con 40 oradores, avanzó con 266 votos a favor, 205 en contra, por lo que fue turnado al Senado para su discusión y votación.

El artículo 35 de la nueva ley establece que “por lo que respecta a las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a quienes se les hubiere atribuido la posible comisión de delitos federales, la declaración de procedencia que al efecto dicte la Cámara de Diputados se remitirá a la legislatura local respectiva, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda en estricta observancia de lo decretado en definitiva por la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos erigida en jurado de procedencia”.

Además, se establece que “la Sección Instructora de la Cámara Baja, encargada de dictaminar la procedencia de los desafueros, rompa con el orden de prelación de como hayan sido presentadas las solicitudes de juicio de procedencia y aumenta de 4 a 5 su número de integrantes para evitar que existan empates”.

Se destaca que la ley es “un paso firme para eliminar el sistema de impunidad que existía desde la ley suprema, y que brindaba protección y privilegios al presidente de la República y, al mismo tiempo, violentaba el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley”.

En la nueva ley se le añadió en una “reserva” por el Partido del Trabajo (PT), que “las sesiones para estos juicios sean presenciales; (…) no se deje de lado la presunción de inocencia; (…) en el caso de los senadores se requiera una mayoría calificada”; los legisladores garantizan que con dichas medidas se terminará con “la añeja tradición constitucional que permitía la impunidad del mandatario, más que proteger su delicado encargo”.

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